El DNI catalán costará 50 millones y 5 más aún al año en mantenimiento

El Gobierno catalán ya tiene las bases de lo que podría ser el embrión de un futuro documento de identidad catalán. Y las tiene desde hace dos años, ya que encargó un detallado informe sobre la creación de ese documento que podría servir también como tarjeta sanitaria. El Gobierno catalán siempre había negado haber encargado un informe de estas características. Pero el informe existe desde finales del 2013 (aunque la segunda parte se entregó bien entrado el 2014) y está guardado en los cajones de la Presidencia de la Generalitat.

Se trata de un proyecto que puede costar a las arcas públicas, según se reconoce en el mismo texto, aproximadamente unos 50 millones de euros “en su despliegue total, con un coste anual mínimo de 5 millones de euros para mantenimiento, reposición, evolución y ampliación de personas”. Pero, advierte el texto: “La dificultad fundamental del sistema hasta que Cataluña no sea un Estado independiente radica en la voluntariedad de la acción, lo que hace muy discutible el nivel de inversión comparado con los resultados a obtener”.

“El objetivo de este proyecto, que es la primera parte de la globalidad, es calibrar las diferentes posibilidades del futuro carnet definiendo sus modelos, analizando las ventajas e inconvenientes y los riesgos”, dice el estudio en uno de sus primeros párrafos. Una de las características del documento es que debe ser una tarjeta de identificación visual y electrónica “a todos los efectos en el ámbito de Cataluña. El coste se podrá situar en el entorno de los 5 euros (incluido el coste de material, la grabación de datos, al distribución y el ‘software’ necesario) y será preciso utilizar la tecnología que permita no sólo la introducción en lector, sino el ‘contactless’ y el reconocimiento a distancia entre dispositivos (tecnología FNC)”. Será obligatorio para todos los ciudadanos catalanes mayores de 16 años.

La nueva identificación quiere ser algo más que un DNI español: pretende ser una especie de “tarjeta de servicios”. “Se trataría de disponer de un soporte en forma de tarjeta de plástico (PVC), con un chip en tecnología ‘contactless’. La tarjeta dispondría de una parte general de identificación del titular de la misma y unas partes diferenciadas para cada servicio integrado”. En otras palabras, hay un área general sólo identificadora del titular de la tarjeta y áreas diferenciadas en función de los servicios, con una banda magnética en su reverso. También habrá “un registro general de titulares de tarjeta y un registro específico para cada servicio, sin comunicación entre ellos, para garantizar la ley de protección de datos”. Para la confección del nuevo DNI “se utilizará el sistema de confección y distribución actual que utiliza el servicio de salud”. De ahí que incorpore la banda magnética, como las actuales tarjetas del CatSalut.


Así, la tarjeta de identificación podría servir también como tarjeta sanitaria internacional, tarjeta acreditativa de discapacidad, carnet de personal docente, carnet de bibliotecas públicas, carnet joven, carnet de familia numerosa, carnet de competencia profesional para el transporte, carnet profesional de controladores de acceso, carnet de instalador, de manipulador de alimentos o de alberguista, entre otros. “Sería un error muy grave que encallaría el proyecto plantearlo de salida con un gran número de servicios. Éste ha de ser un proceso global y realizado por etapas. En una primera etapa, se ha de contar con un servicio universal para dar credibilidad al sistema y poder garantizar la máxima universalidad”, alerta el informe. Y subraya que los dos principales servicios que puede dar es el de sustitución de la actual tarjeta sanitaria y el de sustitución del carnet de trabajadores públicos, que podrán acceder físicamente a determinadas ubicaciones o identificarse virtualmente con su DNI.

Así, la tarjeta de identificación podría servir también como tarjeta sanitaria internacional, tarjeta acreditativa de discapacidad, carnet de personal docente, carnet de bibliotecas públicas, carnet joven, carnet de familia numerosa, carnet de competencia profesional para el transporte, carnet profesional de controladores de acceso, carnet de instalador, de manipulador de alimentos o de alberguista, entre otros. “Sería un error muy grave que encallaría el proyecto plantearlo de salida con un gran número de servicios. Éste ha de ser un proceso global y realizado por etapas. En una primera etapa, se ha de contar con un servicio universal para dar credibilidad al sistema y poder garantizar la máxima universalidad”, alerta el informe. Y subraya que los dos principales servicios que puede dar es el de sustitución de la actual tarjeta sanitaria y el de sustitución del carnet de trabajadores públicos, que podrán acceder físicamente a determinadas ubicaciones o identificarse virtualmente con su DNI.

El informe advierte de que un coste importante sería el proceso de identificación “puesto que es preciso crear una unidad dedicada a la materia y desplegada por el territorio, con conexión 'on-line' con la agencia certificadora de la Generalitat”. Eso, añade, podría hacerse a través de las comisaría de los Mossos d’Esquadra, “pero tiene la contrapartida de que la ciudadanía lo vería como un proceso policial”.

De ahí que se apunte como posibilidad la de recabar los datos a partir de los consejos comarcales, una capa administrativa creada por Jordi Pujol para contrarrestar el poder de los ayuntamientos, en su mayor parte en manos socialistas en la época en que se crearon. Para ello, se crearían 228 unidades de captación de datos, ya que habría una por cada consejo comarcal, una por cada población superior a los 40.000 habitantes y el aumento proporcional en poblaciones más grandes.

El carnet necesitaría la presencia del ciudadano, ya que lo habrá de firmar y hacerse el reconocimiento de imagen y huella digital “de acuerdo con las normas biométricas fijadas por la UE”. Esta información es automáticamente enviada a los servidores centrales del Gobierno catalán, que la distribuye entre los equipos de producción y envía luego el documento al domicilio de cada ciudadano “en un plazo máximo de 48 horas”. En el chip de identificación, el carnet incorporaría la dirección, el teléfono, el correo electrónico, la certificación electrónica y datos biométricos, aunque subraya que esos datos son opcionales.